Más de 10.000 mercenarios de origen colombiano habrían sido contratados en guerras o conflictos armados que se suceden más allá de las fronteras del país suramericano, recoge un comunicado presentado este viernes por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, en el marco de una visita oficial al país suramericano.
"El Grupo de Trabajo fue informado que podría haber más de 10 000 colombianos reclutados en el extranjero, muchos de ellos en situaciones de conflicto armado. Debido a la falta de datos precisos, a menudo resulta difícil determinar quiénes de entre estas personas son reclutas voluntarios, contratistas o mercenarios. Lo que está claro es que este fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de empresas militares y de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades colombianas", refiere el documento.
De acuerdo con los especialistas, "en los últimos 11 años, en particular, se ha producido un aumento de la demanda mundial de personal colombiano para desempeñar funciones militares y de seguridad". Se apuntó asimismo que "los incentivos económicos y las lagunas normativas que rigen a estos actores han contribuido a la expansión del reclutamiento y el despliegue en el extranjero que han resultado difíciles de supervisar y controlar".
Se trata, en su mayoría, de exmilitares, exagentes policiales y veteranos, pero también de excombatientes de guerrillas y grupos paramilitares pertenecientes a todos los grupos étnicos y originarios de toda la geografía colombiana. No obstante, los expertos destacan que buena parte de ellos procede "de entornos económicamente desfavorecidos, con ciertas vulnerabilidades, como trastornos de salud mental y discapacidades".
Operaciones extendidas
En cuanto a los países en donde se ha contratado a mercenarios colombianos en el marco de guerras o conflictos armados, la lista incluye a la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. También existe evidencia de que han sido capacitados para brindar servicios de seguridad en países de Asia occidental como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
En América Latina y el Caribe, el crimen organizado los recluta para participar en algunas de sus operaciones, particularmente en México y Brasil, mientras que en Ecuador, Perú y Haití figuran como oferentes de servicios de seguridad.
El Grupo de Trabajo llamó la atención sobre "las numerosas muertes y desapariciones de ciudadanos colombianos en campos de batalla en el extranjero" y el calvario que deben atravesar sus familiares para conseguir la repatriación de sus cuerpos. Además, llamaron la atención del desafío que este contexto supone para los servicios consulares.
En data reciente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, sancionó una ley aprobada en el Congreso para proscribir el mercenarismo. El principal detonante para adoptar ese instrumento legislativo –que se compadece íntegramente con una Convención sobre la materia adoptada por la ONU hace décadas– fue la participación de mercenarios colombianos en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, en 2021.
El hecho de sangre exacerbó la crisis política y social en la nación caribeña, en la que hoy buena parte de la población debe lidiar con los efectos de la violencia generada por las pandillas –que controlan buena parte del territorio–, así como a la violación permanente de sus derechos fundamentales.
