La CIDH arremete contra el Congreso de Perú por intromisión en otros poderes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la interferencia del Congreso de Perú en el funcionamiento de otros poderes públicos.

El organismo indicó que en los últimos meses ha recibido información sobre "acciones que constituyen intromisión de orden político" por parte del Parlamento peruano, en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, "con impacto en el cumplimiento de sus mandatos".

En particular, dice la CIDH, le preocupan "todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción".

El organismo hace mención a los no menos de 14 procedimientos adelantados contra la JNJ, que condujeron a la inhabilitación de dos de sus integrantes a principios de marzo pasado; concretamente, Inés Tello y Aldo Vásquez.

"A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y la otra, a la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público, que resultaría en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones", indica la CIDH.

La entidad interamericana también destaca el procedimiento contra la fiscal suprema, Delia Espinoza; así como las no menos de 10 denuncias que ha enfrentado en el pleno del Congreso el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.

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"Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tiene el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico", menciona la organización.

Para esta instancia, es apremiante "tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente".

Así, llama al Estado a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, adoptando "medidas urgentes" para fortalecer el Estado de derecho, que incluyan la consolidación de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como garantías para la independencia de personas operadoras de justicia.

Asimismo, la Comisión insta al Parlamento a "cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria", y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales.